Estos meses trabajando en el Área de Trabajo e Inmigración, dentro del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, me he topado de cerca con un tema especialmente delicado y que, como sociedad, debemos comprometernos a erradicar: la trata de seres humanos, o comúnmente llamado “trata de blancas”. Mafias organizadas que usan a las personas, especialmente mujeres, para atraerlas mediante coacciones o engaños, y terminar en un centro de prostitución. Para ello he querido indagar en las políticas que desde la Administración del Estado se impulsan, y que deben ir enfocadas a detectar y censurar estas prácticas horribles y que, sobra decirlo, es una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
Desde el Gobierno de España se ha impulsado un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En él se hace hincapié, desde una perspectiva de género, en lo gravemente afectadas que se ven las mujeres al haber una clara mayor tendencia a convertirse en víctimas de la trata, incluyendo no solo factores de género sino también falta de acceso a una educación, escasas oportunidades profesionales y económicas.
Esto no es algo que se deba mirar como un problema en nuestro país, sino que necesitamos ampliar el marco de estás políticas al ámbito internacional si queremos luchar contra esta lacra y sus redes transnacionales. Estos delitos requieren la implicación social, policial y judicial necesaria de todos los países.
Desde el Ministerio de Igualdad, actualmente con Ana Redondo al frente, han dado a conocer un macroestudio en el que se concluye que en España hay 114.546 mujeres en situación de prostitución, y más de 650.000 datos de páginas web de anuncios de prostitución. Es muy importante que desde la Administración se sensibilice a la población en estos temas. Por ejemplo, desde el Instituto de las mujeres, con Cristina Hernández Martín como directora, se han impulsado exposiciones itinerantes como la de “No seas cómplice”, cuya finalidad es concienciar sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y evitar su tolerancia social, abriéndose a aquellas entidades públicas y privadas que quieran sumarse al proyecto. Desde la página web del Instituto de las Mujeres se puede solicitar de forma gratuita.
Ya en la legislatura pasada, con Irene Montero al frente del Ministerio, se redactó un anteproyecto de ley (Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos), donde se buscaba implementar medidas de sensibilización y prevención, reconocer los derechos de las víctimas, la cooperación institucional e internacional, y la protección a menores como víctimas de trata y explotación.
Es importante que haya una implicación social e institucional para obtener resultados óptimos, como la aprobación de una legislación férrea, encaminada a detectar y juzgar con dureza cualquier tipo de negocio cuyo eje se centre en el uso de seres humanos. Como en todo, la cooperación de distintos organismos, tantos nacionales como internacionales, instituciones, asociaciones, ministerios y fuerzas actuantes son indispensables. Desde la Administración se debe dar prioridad absoluta a este tipo de casos. Es importante que una vez detectados, desde las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, junto con Polícia Nacional y Guardia Civil, haya una comunicación constante y cercana para que la tramitación de expedientes por trata de seres humanos sea prioritaria, y que así los resultados en esta lucha sean eficaces y reales.
Puntos fuertes del impulso de políticas públicas enfocadas a detección y erradicación de la trata:
Una sociedad actual más concienciada y empática en materia de igualdad y derechos humanos.
Desde un punto de vista personal y profesional, al haber tramitado expedientes de víctimas de trata, una cooperación eficiente y prioridad de impulso en su tramitación.
Existencia de asociaciones defensoras de derechos de las mujeres y de la infancia, acogiendo a las víctimas y ayudando a su integración social.
Por contraposición, puntos débiles:
Falta de acuerdos políticos que hagan reales la tramitación de leyes en materia de trata.
El marco internacional donde la falta de medios en otros países no ayuda a la detección de estas mafias organizadas.
Una polarización en el marco de la UE que dificulta la cooperación y el desarrollo de Acuerdos.
Día 23 de septiembre, declarado día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres.
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