La Administración General del Estado ha empezado a usar su poder de compra para hacer el mundo un poco más sostenible, su herramienta: Contratación Pública Ecológica.
Por ejemplo, cada vez que el Estado necesita comprar algo como ordenadores, coches o contratar servicios de limpieza o construcción, puede elegir opciones más respetuosas con el medio ambiente. En lugar de fijarse solo en el precio, también se tiene en cuenta si ese producto o servicio contamina menos, consume menos energía o produce menos residuos. Encajaría por tanto con los ODS 12 (producción y consumo responsables) y el 13 (acción por el clima).
En 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un manual práctico con criterios ecológicos a seguir cuando se prepara un contrato público. Lo han hecho con la ayuda de la Universidad de Alcalá y la Fundación Biodiversidad.
La idea es muy buena y tiene mucho potencial. Pero hay cosas que mejorar. Es importante potenciar la formación para saber cómo aplicar estos criterios verdes, así como medir bien los resultados.
Es genial que el Estado dé ejemplo y use su poder de compra para cuidar el medio ambiente. Si seguimos por este camino, ayudamos al planeta y apoyamos las empresas que apuestan por lo ecológico. Y eso, al final, nos beneficia a todos.
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